“Ni el gobernador, ni los alcaldes, tenían cómo afrontar de manera inmediata la inundación, y el estado nacional, hay que decir la verdad, tampoco. Porque no tenemos maquinarias, no tenemos autobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales” declaró Dina Boluarte, presidenta de Perú, ante el fenómeno climático que asola el país en medio de la crisis democrática y de derechos humanos. “Todos sabemos que dinero hay, para comprar armas y matar gente, hay dinero”, “No debería comprar más bombas con las que ataca a las personas que protestan, que además no son las balas de goma sino que hieren, todo ese dinero debería usarlo en la gente que lo necesita” fueron algunas de las respuestas de lxs transeúntes de las calles de Lima cuando el medio periodístico Wayka.pe les preguntó su opinión sobre los dichos de Boluarte.
En este contexto, se cumplen cuatro meses desde la destitución del ex-presidente de Perú, Pedro Castillo, y del inicio de la represión por parte de las Fuerzas de Seguridad bajo el mando de Boluarte. Por esta razón, la Misión de Solidaridad Internacional y Derecho Humanos de Argentina viajó al país vecino y elaboró un informe donde denuncia homicidios, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y cercenamiento al derecho a la protesta perpetrados por el Estado. La comitiva de activistas recorrió Lima, Ica, Cusco, Ayacucho y Apurímac, allí se reunieron con familiares de víctimas, realizaron registros audiovisuales y receptaron denuncias. El trabajo fue elaborado bajo los estándares que requieren las presentaciones ante organismos internacionales para la verificación de crímenes de lesa humanidad. Los resultados del informe revelan un Estado de Derecho quebrado. “El saldo de la masacre cuenta con 76 asesinadxs por el Ejército y la Policía Nacional, hay más de 2000 heridxs, muchxs graves. Hay miles de detenciones arbitrarias, sin derecho a la defensa. A la comunidad quechuahablante no se le permite traductor y no saben de qué se les imputa. El común denominador en la represión es que las víctimas pertenecen a los sectores populares, campesinos e indígenas”, dijo Mariela Navarro, integrante de la Misión en su presentación. Una de las regiones más golpeadas fue Apurímac, donde todas las víctimas asesinadas son jóvenes de entre 15 y 22 años. La más reciente fue Denilson Huaraca, volvía de una movilización con sus compañerxs en la tolva de uno de los camiones que usaban para trabajar en la agricultura, cuando fueron interceptados por varios móviles de la Policía Nacional y, sin mediar palabra, los efectivos dispararon a mansalva y lo matan. Uno de los camiones, de hecho, quedó con 15 perforaciones de bala. También está el caso de la ciudad de Ica, donde las fuerzas de seguridad, para llevar a cabo la represión, le cortó la luz y el agua a la población. En Ayacucho, el ejército detuvo a toda la dirigencia que cumplía roles sociales y sindicales, la trasladó a lo que fueron centros clandestinos de detención en la década de los 80 y les realizaron vejaciones, hoy están en Lima bajo prisión preventiva. En la Universidad de San Marcos, digna imagen de una dictadura, las fuerzas de seguridad ingresaron en tanquetas y cometieron, entre otros, delitos contra la integridad sexual hacia las estudiantes. Según lxs integrantes de la Misión de Solidaridad, la vulneración del estado de derecho y democrático del país vecino se enmarca en el vencimiento de los contratos ley sobre los recursos naturales que el ex presidente, Aleberto Fujimori, en 1993, firmó por el plazo de 30 años. Juan Grabois, quien también participó del viaje dijo: “Desde el análisis de la situación política y geopolítica, vemos que este proceso represivo está enmarcado en una estrategia de debilitamiento de las democracias, en una ofensiva contra los más pobres y la búsqueda de poderes exteriores de la apropiación de los recursos naturales”. El rol de la justicia, en el marco de la represión y la destitución del ex-presidente legítimamente electo, es cuestionable, el informe dice: “El Ministerio Publico Fiscal se niega a iniciar e impulsar las investigaciones vinculadas a las vulneraciones de derechos fundamentales, no obstante, avanza sobre las imputaciones y/o cargos sobre manifestantes”. Asimismo, el abogado Guido Croxatto, que junto a Eugenio Zaffaroni realizaron un análisis legal de lo ocurrido, dijo: “Lo que hicieron con Castillos es un papelón en términos jurídicos. Los delitos que se le imputan no son delitos, desde el punto de vista penal hay una atipicidad. El delito de rebelión implica un levantamiento en armas, en este caso las únicas armas que hubieron fueron contra él y su familia, razón por la que se entrega”.
Muchxs se preguntan por qué Castillo intentó disolver el Congreso sin contar con las condiciones políticas para hacerlo y sin que se ajustara, dicho acto, a las normas constitucionales vigentes en Perú. En ese sentido, la Misión afirma que, “existió antes, durante y después de la presidencia del señor Castillo una actividad extorsiva por parte del Poder Judicial y otros actores de la vida pública peruana dirigida a condicionar su accionar público”. Entre las extorsiones se encuentran la prisión de su hija de 23 años. El pueblo peruano continúa movilizado, el pasado 16 de marzo la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP ) lanzó una nueva jornada de protestas. Exigen la denuncia de Dina Boluarte, elecciones generales ahora, cierre del congreso y una nueva constitución. El diputado Juan Marino, integrante de la Misión dijo: “Cuando viajamos desde Cusco a Juliaca hicimos un recorrido que suele durar 5 horas, sin embargo tardamos 15 horas ya que había cortes en las rutas de los luchadores y luchadoras. En cada piquete constatamos que lo que hay es un movimiento popular en lucha contra un golpe de estado”
Perú: democracia y derechos humanos quebrados
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